El problema central del Derecho Penal es el relativo a la fundamentación y límites del ius puniendi. El poder punitivo debe configurarse como una potestad, puesto que corresponde a un órgano investido de auctoritas. Ello no implica que se trate de un poder ilimitado. Está limitado por una serie de garantías fundamentales que encierran los principios que deben informar el derecho penal.
A la hora de sentar la base de los distintos límites que deben respetar el legislador y los demás órganos encargados de ejercer la actividad punitiva, se parte de la fórmula del Estado social y democrático de derecho como concepción política ampliamente aceptada en nuestra área de cultura y acogida en el art. 1.1 CE. Señala, en este sentido: (i) que el principio de Estado de derecho impone el postulado de un sometimiento de la potestad punitiva al derecho, lo que dará lugar a los límites derivados del principio de legalidad; (ii) la idea de Estado social sirve para legitimar la función de prevención en la medida que sea necesaria para proteger a la sociedad; ello implica ya varios límites que giran en torno a la exigencia de la necesidad social de la intervención penal; (iii) por último, la concepción del Estado democrático obliga en lo posible a poner el derecho penal al servicio del ciudadano, lo que puede verse como fuente de ciertos límites que hoy se asocian al respeto de principios como los de dignidad humana, igualdad y participación del ciudadano.
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